El mandatario de Jalisco, Pablo Lemus, señaló públicamente que el operativo policial llevado a cabo el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco durante una manifestación por la falta de agua potable presentó graves irregularidades, entre ellas un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes y detenciones sin justificación. En un video difundido en sus redes sociales, Lemus afirmó que revisó diversas grabaciones del evento y que no minimizó ni negó las denuncias que circularon en plataformas digitales. "Antes de ser gobernador soy humano; es necesario reconocer y corregir los errores", aseguró.

En consecuencia, el gobernador instruyó a la Fiscalía General de Jalisco que examine cada caso, cada video y toda la evidencia disponible para evitar que se mantengan detenciones injustificadas. El martes siguiente fueron puestos en libertad los individuos que habían sido detenidos, quienes fueron acompañados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Asimismo, Lemus anunció que se impondrán sanciones a los agentes que hayan incurrido en excesos, recordando que "quien las hace, las paga", y que se revisarán los protocolos de actuación y se intensificará la capacitación del personal de seguridad.

Durante su declaración, el gobernador también cargó responsabilidad a grupos de choque y a manifestantes violentos promotores de la oposición local, aunque aseguró que se adoptarán tres medidas para solucionar la problemática del suministro de agua. En primer lugar, se dejará de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema de Chapala; en segundo lugar, se concluirá el acueducto de desvío de La Calera y se ampliará la Planta Potabilizadora 1; y por último, se impulsará la construcción de un nuevo acueducto sustituto Chapala‑Guadalajara, cuyo financiamiento ya fue enviado al Congreso.

Lemus también comparó su gestión con la de autoridades de Movimiento Ciudadano frente a gobiernos de Morena, a quienes acusó de posibles actos de corrupción o de vinculación con organizaciones criminales, citando casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado de ser presunto cómplice del narcotráfico, y la titular de Baja California, Marina del Pilar, a quien Estados Unidos retiró su visa por investigaciones en su contra.