El mandatario estatal de Jalisco, Pablo Lemus, validó la protesta ciudadana que surgió por la actual crisis del abastecimiento de agua, pero denunció los actos de violencia que se presentaron en el inmueble Casa Jalisco, donde se registraron personas heridas de gravedad y varios arrestos. Según las autoridades, el incidente lo protagonizó un grupo de alrededor de 400 agitadores que provocó los disturbios. En un mensaje difundido por sus redes sociales, Lemus describió que el día había sido complicado para el estado: por un lado se llevó a cabo una marcha pacífica que reunió a unas 10 mil personas en la vía pública, y por otro se produjo un episodio que generó dolor en la comunidad. La marcha, que partió de la Plaza de la Minerva y se dirigió a Casa Jalisco, transcurrió de manera pacífica con familias, jóvenes y profesionales; la seguridad, la Protección Civil y los servicios médicos acompañaron la ruta para garantizar la integridad de los participantes y permitir el ejercicio libre del derecho a manifestarse. Sin embargo, aproximadamente tres horas después de iniciar la marcha, un contingente de alrededor de 400 personas encapuchadas y armadas intentó generar violencia con el objetivo de deslegitimar la protesta. Esa facción agredió a varias mujeres policías que habían sido asignadas para la protección del evento, provocando lesiones a 28 oficiales, dos de ellas graves, uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo. En total, se detuvo a 39 manifestantes, de los cuales 12 fueron liberados por la Fiscalía estatal, y se siguen investigando posibles abusos de autoridad por parte de los agentes de seguridad. Lemus solicitó a la Fiscalía que revisara caso por caso todas las grabaciones del operativo y anunció que se sancionará cualquier exceso en el uso de la fuerza. Asimismo, reiteró su compromiso de acelerar proyectos de mejora en la gestión del agua, señalando que la reciente interrupción del suministro desde la presa de Las Pintas ha contribuido a elevar la calidad del líquido que llega a los hogares. Se espera que el Congreso local apruebe una iniciativa para construir un nuevo acueducto que sustituirá al proyecto Chapala‑Guadalajara, obra que ya cuenta con validación técnica de Conagua y que no implicará privatización ni aumento de tarifas.