Instala SG coordinación para la paz en Chilapa

Autoridades federales y estatales retiraron el acompañamiento de seguridad

Chilpancingo, Gro., Organizaciones sociales y comunidades indígenas de la Montaña Alta de Guerrero expresaron su indignación contra las autoridades federales y estatales porque según afirmaron cancelaron el acompañamiento de seguridad prometido para la Misión Civil de Observación (MCO-S), en su visita al poblado Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez con el fin de documentar la crisis humanitaria en esa zona que ya suma más de 2 mil personas desplazadas.

Al partir de Tlapa de Comonfort hacia Alcozacán ayer al mediodía, los integrantes de la Misión –conformada por periodistas y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales– hicieron público lo que llamaron la ruptura del compromiso gubernamental.

Acusaron a los tres niveles de gobierno de “traicionar su palabra” y los responsabilizan de cualquier agresión que pudieran sufrir en una zona de alta peligrosidad, al no brindar garantías ante posibles ataques de criminales que operan en esa región.

Expusieron que su objetivo es documentar las violaciones a los derechos humanos en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, comunidades de Chilapa, tras los ataques del grupo criminal Los Ardillos el 6 de mayo, que dejaron al menos tres policías comunitarios muertos y la huida de más de mil personas hacia Alcozacán, localidad que también fue tiroteada el 11 de mayo.

En Tlapa, los activistas señalaron que “nuevamente las autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra”, pues el gobierno federal se comprometió a brindar acompañamiento a la MCO-S.

Explicaron que la Misión “se dirige al territorio de la Montaña Baja de Guerrero, especialmente a la comunidad de Alcozacán, donde sus habitantes sufrieron ataques de Los Ardillos el 11 de mayo”, luego de que brindaron refugio a los desplazados.

Sin embargo, a las 10 horas del viernes, “40 minutos antes de llegar a Tlapa para encontrarnos con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y las corporaciones del estado que brindarían el acompañamiento a la MCO-S, Jesús Plácido –promotor del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata–, fue notificado que no habría ningún acompañamiento oficial”, manifestaron.

Por ello solicitaron a las organizaciones sociales de México y del mundo “exigir garantías de seguridad” para su llegada a la comunidad de Alcozacán.

El comunicado fue firmado, entre otros, por el Congreso Indígena/Misión Civil de Observación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Organización Campesina Sierra del Sur y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En este contexto, la Secretaría de Gobernación (SG) instaló la Coordinación para la Construcción de Paz en el cuartel de la Guardia ubicado en Chilapa. La dependencia informó de “avances en la construcción de acuerdos para dar cauce y solución a los planteamientos sociales y de infraestructura que permitan reconstruir el tejido social en la zona”.

El subsecretario de la SG, César Yáñez, señaló que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a la zona para poner en marcha una mesa de diálogo y dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango, en cumplimiento a lo ofrecido a las familias por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Estas acciones tienen como propósito garantizar la tranquilidad y seguridad en la región de la Montaña Baja de Guerrero, reportó la SG.

Previo al desarrollo de la mesa de diálogo se tomó protesta a la y los nuevos comisarios municipales, quienes fungirán como el vínculo directo entre sus localidades y los tres órdenes de gobierno.

Irrumpe grupo armado en comunidades de Olinalá

Habitantes de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza, del municipio de Olinalá, denunciaron ayer una nueva irrupción de un grupo armado que saqueó sus casas y los obligó a salir de esas localidades.

Dijeron que la incursión inició a las 9 horas del viernes, cuando llegaron civiles fuertemente armados a bordo de unas 40 camionetas, lo que obligó a cerca de mil 500 personas a buscar refugio en la cabecera municipal.

Los ciudadanos demandaron a los tres niveles de gobierno seguridad permanente en la zona para que puedan regresar y no se vean forzados a abandonar sus hogares.

Señalaron que la vigilancia de sus poblados está en manos del ayuntamiento de Olinalá, donde hay policías municipales y estatales, así como efectivos de la Guardia y el Ejército; sin embargo, no acuden a sus llamados de auxilio.